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- HABLEMOS DE DERECHOS HUMANOS - |
| Un nuevo desafío: la trata de personas En México mucha gente, todos los días, son víctimas de una nueva forma de esclavitud: LA TRATA DE PERSONAS, flagelo que es un desafío para los gobiernos y grave amenaza a la convivencia armónica de los pueblos, además de brutal ataque a la libertad y a la dignidad de los seres humanos. Un problema de orden público mundial y de seguridad nacional, en cuanto los flujos migratorios, internos y externos, a la pobreza y a la peligrosa actuación de la delincuencia organizada trasnacional. Agrava la tensión política y social al interior de los países y afecta las relaciones multilaterales de los estados de la región. Yucatán no es ajeno a esta problemática. Como sociedad, apenas nos damos cuenta de casos reportados en los medios de comunicación, de personas desaparecidas, en núcleos urbanos y en pequeñas poblaciones, que nunca más vuelven a ver la luz de su hogar, agravado esto por nuestra cercanía con los polos turísticos del vecino estado, señalado como punto de oferta sexual ligada al turismo. Hay que construir y diseñar acciones prontas y efectivas para evitar que lo que hoy es un problema en ciernes, mañana, más rápido de lo que pensamos, sería un flagelo social en la entidad. LA TRATA DE PERSONAS debe abordarse cuando menos en los aspectos: jurídico, institucional, y social, estableciendo como ejes de desarrollo la coordinación y la cooperación con instituciones públicas y la sociedad civil y reconocer que el principio fundamental que oriente las estrategias y acciones es la salvaguarda de los Derechos Humanos de las víctimas de este delito. En lo jurídico hay que conocer y difundir los instrumentos normativos internacionales sobre la trata de personas, para su cabal cumplimiento y promover la compatibilización de nuestro sistema jurídico estatal con éstos y lograr una homogénea legislación en nuestra entidad. En lo institucional, fomentar la coordinación con los Tres Poderes de gobierno y con los municipios para sensibilizar, capacitar y vigilar a los servidores públicos para que cumplan sus obligaciones en la eficaz prevención, persecución y sanción del delito, y una eficiente protección, atención y asistencia a las víctimas del mismo. En el plano social, promover y coordinar acciones de cooperación y vinculación de todos los sectores de la sociedad civil para dar eficaz respuesta a este problema, y fomentar como pilar de nuestro desarrollo social y cívico, el fortalecimiento de la cultura de la denuncia contra este delito, que sin duda, es para nosotros, como sociedad, un nuevo desafío. Lic. Jorge Victoria Maldonado. |